Durante su intervención ante la ONU, la mandataria Keiko Fujimori propuso que las organizaciones criminales sean catalogadas como grupos terroristas. Esta propuesta generó reacciones en el Congreso, donde algunos diputados expresaron su apertura al tema, mientras otros mostraron reservas. Fujimori destacó la necesidad de una definición clara para combatir la delincuencia organizada, argumentando que tal medida fortalecería la lucha contra el crimen en el país.
La propuesta de Fujimori se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en Perú, donde grupos delictivos han sido responsables de múltiples incidentes. Aunque no se dio una definición específica, la mandataria insistió en la importancia de una política más firme contra la delincuencia. Esta iniciativa podría marcar un cambio en la estrategia del gobierno para enfrentar el crimen organizado, aunque aún falta por definir los detalles prácticos.
