El gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en la capital, Lima, y en la provincia portuaria de Callao por un período de 60 días, en respuesta al aumento de la criminalidad. Esta medida, anunciada a un mes de la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori, busca enfrentar la ola de violencia que ha afectado la región. Según informes, se han registrado 105 homicidios y ataques armados desde el inicio de la administración actual.
La declaración de emergencia permite al Estado implementar restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó la medida, señalando que debe demostrar resultados concretos contra la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad organizada.
El estado de emergencia también ha sido confirmado por medios locales, quienes destacan que la medida se toma en un contexto de creciente inseguridad. Aunque el gobierno insiste en que la medida busca mejorar la seguridad, críticos señalan que se requiere una estrategia más efectiva para abordar la violencia. La situación continúa siendo monitoreada por instituciones nacionales y organizaciones de derechos humanos.



























