El Gobierno busca obtener facultades legislativas delegadas para ejecutar operaciones militares contra organizaciones criminales, según informó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde. La solicitud se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde grupos delictivos han incrementado sus actividades. El ministro destacó la necesidad de una acción coordinada con el Congreso para garantizar la legalidad de las operaciones.
El Congreso se enfrenta a una serie de temas urgentes, entre ellos la prórroga de alquileres y la prohibición de los fondos buitre. Estos temas, denominados como "decreto Maricarmen", han generado un debate intenso en la cámara. El Consejo de Ministros decidió fragmentar las medidas para aumentar las posibilidades de aprobación, especialmente la prórroga automática de alquileres, considerada una de las más delicadas.
El Gobierno mantiene su postura ante la oposición, especialmente de partidos como Junts, PP y Vox, que han rechazado las medidas de vivienda. A pesar de la resistencia, el Ejecutivo exige que los decretos se aprueben en el Congreso, argumentando que son necesarios para proteger a los ciudadanos. La tensión política se intensifica con la presión por parte del Ejecutivo para lograr el consenso necesario.
La situación refleja una polarización creciente en el Congreso, donde las decisiones del Gobierno enfrentan críticas y desacuerdos. La estrategia del Ejecutivo para obtener facultades legislativas para las operaciones militares se suma a la agenda de reformas sociales y económicas, lo que pone a prueba la capacidad de negociación y el equilibrio entre poderes.
